El Gobierno canario se comprometió a presentar este mes una propuesta de modificación del decreto de 2015 que regula el alquiler vacacional, y a aprobarla antes de acabar el año. Ascav, la asociación que reclama que se reduzcan las restricciones para esta actividad turística, teme que el Ejecutivo no cumpla estos plazos. Los plazos dados por la Consejería de Turismo del gobierno de Canarias «se agotan», y la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) teme que «incumpla su compromiso» de aprobar antes de que acabe el año la modificación de un decreto que regula «la actividad de casi 122.000 plazas turísticas en el Archipiélago». Las cuentas no le salen a la presidenta de Ascav, Doris Borrego, que tira de hemeroteca para recordar que el Gobierno de Canarias se comprometió a presentar «este mes de octubre un borrador con las líneas maestras sobre los que va a pivotar el nuevo decreto». «Pero nadie ha dicho nada, y no puede ser que un destino líder como Canarias, que este invierno va a alcanzar nuevos registros históricos de visitantes, deje al 22% del total de sus camas turísticas al margen de la legalidad por culpa de una normativa excesivamente restrictiva que la propia Comisión Nacional del Mercado de la Competencia ha recurrido en los tribunales», asegura Borrego. La representante de Ascav recuerda que un estudio encargado por la propia Consejería de Turismo «aporta datos demoledores que justifican la inmediata modificación del decreto». «Y sin embargo no hay indicios de que esto vaya a ocurrir en las próximas semanas», se lamenta. También se queja Borrego de que la asociación aún no haya tenido respuesta a la petición que elevaron en julio a la Consejería de Política Territorial de una «instrucción aclaratoria sobre la aplicación del Decreto 113/2015» para acabar con la disparidad de criterios de los cabildos a la hora de reconocer la actividad. Recuerda por ejemplo que «el bloqueo del Cabildo de La Palma ha provocado que no haya dado de alta ni a una vivienda vacacional». «Estas restricciones, también más evidentes en Tenerife, genera un agravio comparativo entre Islas y una gran inseguridad jurídica», asevera Borrego.